El pasado 25 de mayo de 2026, el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) celebró una nueva edición de sus conocidas “Conferencias de los Lunes”, centrada en esta ocasión en el análisis del Anteproyecto de Ley de Crédito al Consumo, una de las reformas más relevantes previstas actualmente en el ámbito de la protección financiera de los consumidores.

La jornada contó con la intervención de Alicia Agüero Ortiz, profesora titular de Derecho Civil de la Universidad de Castilla-La Mancha y especialista en derecho de consumo y contratación, quien abordó las principales novedades y el alcance práctico de la futura normativa. La conferencia estuvo presentada y moderada por Emilio Vega Ruiz, decano del Colegio de la Abogacía de Guadalajara.

El encuentro, celebrado tanto en formato presencial en la sede del CGAE como online, reunió a profesionales del ámbito jurídico interesados en conocer de primera mano los cambios que plantea el anteproyecto, especialmente en relación con los microcréditos, los préstamos de alto coste y las nuevas obligaciones de transparencia e información a las entidades financieras.

Bufete Iribarren pudo asistir a esta jornada para analizar de primera mano el alcance de una reforma que puede marcar un antes y un después en el sector financiero y de la que extraemos algunas de las principales claves prácticas y novedades que afectarán tanto a consumidores como a entidades financieras.

Los microcréditos y los préstamos de alto coste afrontan uno de los mayores cambios regulatorios de los últimos años.

El nuevo texto normativo tiene como principal objetivo reforzar la protección de los consumidores mediante un incremento de las obligaciones de transparencia, información precontractual y control de las condiciones de contratación por parte de las entidades financieras.

La reforma no solo afectará a la forma en que se comercializan los productos de crédito, sino también a la gestión de los conflictos derivados de su contratación, con un impacto directo tanto para consumidores como para entidades prestadoras de servicios financieros.

Entre las medidas más relevantes abordadas durante la jornada destaca la obligación de entregar al consumidor una oferta vinculante previa a la firma del contrato, incluso cuando no haya sido solicitada expresamente. Además, deberá respetarse un plazo mínimo de 24 horas entre la entrega de la oferta y la formalización del préstamo, configurando un auténtico periodo de reflexión obligatorio destinado a garantizar un consentimiento informado.

Otra de las novedades más significativas es la regulación de la duración de los préstamos de alto coste, que deberán contar con una duración mínima de tres meses y máxima de doce, estableciéndose la nulidad de aquellas operaciones que incumplan dichos límites.

Asimismo, el anteproyecto prevé la fijación de límites a la TAE aplicable a este tipo de productos financieros, con el objetivo de evitar costes excesivos o desproporcionados.

¿Cómo afecta esto al consumidor?

El Anteproyecto de Ley de Crédito al Consumo pretende reforzar la protección de los consumidores frente a determinados productos de financiación rápida y microcréditos, ámbitos en los que tradicionalmente se han detectado mayores riesgos de sobreendeudamiento y falta de transparencia.

Las nuevas medidas buscan garantizar que el consumidor disponga de mayor información antes de contratar un préstamo, así como de un tiempo mínimo de reflexión que permita comprender adecuadamente las condiciones económicas y jurídicas de la operación.

Además, la futura regulación limitará determinados aspectos esenciales de los préstamos de alto coste, como su duración o los intereses aplicables, con el objetivo de evitar situaciones especialmente gravosas para el consumidor.

No obstante, el anteproyecto se encuentra todavía en fase de tramitación, por lo que actualmente los microcréditos continúan comercializándose bajo el marco normativo vigente.

En este contexto, resulta especialmente relevante analizar en detalle las condiciones de los contratos de préstamo ya suscritos, así como las prácticas de comercialización utilizadas por las entidades financieras, a fin de detectar posibles incumplimientos o cláusulas potencialmente abusivas.

Bufete Iribarren viene observando un patrón recurrente en la contratación de microcréditos, especialmente en perfiles jóvenes o usuarios habituados a entornos digitales, donde la inmediatez en la concesión del crédito puede dificultar una comprensión completa de sus costes y consecuencias jurídicas.

Ante este escenario de cambios regulatorios, resulta especialmente importante que los consumidores conozcan en detalle las condiciones de los productos financieros que contratan y analicen posibles situaciones de falta de transparencia o costes desproporcionados.