En Bufete Iribarren Abogados celebramos un nuevo éxito judicial que refuerza los derechos de los usuarios bancarios frente a las entidades financieras. El Juzgado de Primera Instancia nº 6 de Pamplona ha estimado íntegramente la demanda presentada por nuestro despacho contra Caixabank S.A., declarando la responsabilidad del banco por varias operaciones no autorizadas realizadas con tarjetas sustraídas y condenándole a devolver 1.887,37 euros, más intereses legales y costas procesales.

Un caso claro de fraude y una respuesta diligente

Nuestra clienta fue víctima del hurto de su cartera, en la que se encontraban dos tarjetas bancarias. Actuó con rapidez y responsabilidad: presentó denuncia inmediata ante la Policía Nacional y notificó sin demora los hechos al banco, solicitando el bloqueo de las tarjetas en cuestión de minutos.

A pesar de su actuación diligente, durante el breve intervalo entre el robo y el bloqueo se realizaron seis operaciones fraudulentas en cajeros y comercios mediante el uso del PIN, por un importe total de 1.887,37 euros. Pese a las reclamaciones extrajudiciales, la entidad bancaria negó la devolución del dinero, alegando que la introducción del PIN implicaba consentimiento y falta de custodia del número secreto.

La defensa: responsabilidad cuasi objetiva del banco

Desde Bufete Iribarren Abogados asumimos la defensa de la afectada basándonos en la normativa de servicios de pago (Real Decreto-ley 19/2018, de 23 de noviembre), que impone al banco una responsabilidad cuasi objetiva en los casos de operaciones no autorizadas.

Esta regulación establece que, en caso de robo o pérdida de una tarjeta, el banco debe asumir las consecuencias económicas de las operaciones fraudulentas, salvo que pueda probar que el titular actuó con negligencia grave o fraude. Además, el límite de responsabilidad del cliente —por norma general hasta 50 euros antes de la comunicación del robo— no se aplica cuando el usuario actuó con diligencia, como ocurrió en este caso.

La carga de la prueba recae sobre el banco

La sentencia subraya un aspecto esencial de la legislación: la carga de la prueba corresponde al banco. El artículo 44 del Real Decreto-ley 19/2018 exige que la entidad demuestre que la operación fue realmente autorizada o que el usuario incurrió en negligencia grave.

La simple utilización del PIN no basta para acreditar que la titular consintió las operaciones o que descuidó su custodia. Es necesario que el banco pruebe de forma fehaciente un comportamiento negligente o doloso, algo que en este caso no logró acreditar. Por ello, el juzgado concluye que el riesgo de las operaciones fraudulentas debe ser soportado por la entidad, no por la clienta.

Una sentencia que refuerza la protección del usuario bancario

El fallo judicial destaca que la afectada actuó con rapidez, diligencia y responsabilidad, sin que existiera prueba alguna de comportamiento anómalo o falta de cuidado en la custodia de las tarjetas o del PIN.

En consecuencia, el juzgado declara que Caixabank es responsable de las operaciones no autorizadas y le obliga a reintegrar íntegramente las cantidades sustraídas, con los intereses legales correspondientes.

Esta resolución consolida un principio clave en la defensa de los consumidores financieros: los bancos son garantes frente al usuario y no pueden trasladar a sus clientes las consecuencias de fraudes cometidos por terceros cuando no existe negligencia acreditada.

Compromiso con la defensa de los derechos financieros

Desde Bufete Iribarren Abogados continuamos defendiendo con rigor y profesionalidad los derechos de nuestros clientes en materia bancaria y de servicios de pago.
Casos como este demuestran que la reclamación judicial es una vía eficaz y necesaria para proteger los derechos de los usuarios frente a las entidades financieras.

Si ha sido víctima de operaciones no autorizadas o fraudulentas, le animamos a contactar con nuestro despacho para analizar su caso y valorar las acciones legales más adecuadas para recuperar su dinero.