La estafa de las preferentes en España se refiere al fraude bancario relacionado con la emisión y venta de acciones preferentes por parte de bancos y cajas de ahorros españolas. Este problema se intensificó a partir de la década de 1990, alcanzó su punto máximo entre 2009 y 2011 durante la burbuja inmobiliaria y la crisis económica española de 2008-2014. En ese período, alrededor de 700.000 clientes fueron afectados al adquirir estas acciones sin la debida transparencia, ya que la complejidad del producto dificultaba su comprensión. Muchos inversores fueron engañados y desconocían los riesgos asociados con la adquisición de estas preferentes, a menudo pensando que se trataba de renta fija cuando, en realidad, era renta variable.

En el punto álgido de la crisis financiera de 2008, el valor de venta de las preferentes alcanzó los 30.000 millones de euros. El Gobierno de España reconoció que la comercialización de estas acciones fue un error, y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) admitió que en muchas ocasiones se incumplió la ley en su comercialización. Este episodio destacó la falta de transparencia en la oferta de productos financieros y llevó a una serie de reclamaciones y acciones legales por parte de los afectados para recuperar sus inversiones.